
Alerta en el sistema financiero: el 30% de los clientes que refinanció sus deudas volvió a caer en mora.

El nivel de endeudamiento de los hogares argentinos suma un nuevo motivo de preocupación para el sistema financiero: una gran porción de los usuarios que había logrado reestructurar sus pasivos está volviendo a incumplir con los pagos. Esta tendencia de reincidencia enciende las alarmas en las entidades bancarias, justo cuando algunas métricas sugerían que el deterioro había tocado su techo.
De acuerdo con fuentes del sector financiero citadas por la Agencia Noticias Argentinas, aproximadamente el 30% de los clientes que ingresaron a planes de pago para regularizar su situación no logró sostener las cuotas y volvió a caer en mora. Este fenómeno amenaza con retrasar la normalización de las carteras de crédito, que arrastran elevados índices de irregularidad.
Los datos del Banco Central y el freno a las expectativas
Las cifras oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) reflejan este complejo panorama. En julio, la morosidad de las familias trepó al 12,9%, marcando un leve incremento frente al 12,8% registrado en junio. Por su parte, la irregularidad del crédito total al sector privado se ubicó en el 7,7%.
Si bien el organismo oficial destacó que el crecimiento del saldo de la cartera en situación irregular se venía desacelerando, la reincidencia de los deudores refinanciados pone en jaque la expectativa de los bancos, que proyectaban una estabilización para fines de 2026.
Otro indicador clave que monitorean de cerca las entidades es la mora temprana (atrasos inferiores a 90 días). Tras tocar un pico superior a los 6 puntos en noviembre de 2025, esta variable había descendido a los 4 puntos en julio. Sin embargo, el nuevo escenario genera dudas sobre la consolidación de esa mejora.
Los especialistas atribuyen este incremento en los incumplimientos a una combinación de factores: la falta de recuperación del ingreso real, el fuerte crecimiento inicial de los préstamos al comienzo de la gestión y la flexibilización de los requisitos de otorgamiento en un contexto de alta competencia entre las entidades.
Análisis privados y el salto al crédito no bancario
Distintas consultoras económicas siguen con atención la problemática. Desde Econviews advirtieron en agosto que, pese a los planes de refinanciación, la suba de la mora sigue sin encontrar una solución, lo que termina condicionando la actividad económica al estancar el acceso al crédito.
En la misma línea, EcoGo alertó sobre niveles récord de morosidad familiar al analizar de forma combinada el sistema bancario y el extra-bancario, un sector alternativo que termina complejizando el cuadro por los altos costos financieros que maneja.
Los datos de este último segmento son elocuentes: la morosidad del crédito no bancario oscila entre el 25% y el 30% según la empresa, superando ampliamente los registros del sistema tradicional. Muchos deudores, al quedar excluidos de los bancos, recurren a estas plataformas y fintech. En agosto, el crédito no bancario creció un 1,5% real mensual, alcanzando un stock de $16,3 billones, mientras que el crédito bancario sufrió una contracción del 0,8% real.
Tanto para los bancos como para las empresas tecnológicas, el aumento del riesgo de incobrabilidad se traduce directamente en un endurecimiento de las condiciones: se otorgan menores montos, se imponen mayores exigencias y aumentan los costos, lo que termina por asfixiar aún más la recuperación del consumo.
El debate por el sobreendeudamiento llega al Congreso
Frente a este escenario crítico, la situación económica de las familias se metió de lleno en la agenda legislativa. El Congreso convocó a una sesión para el próximo jueves 15 de octubre con el objetivo de tratar el endeudamiento y la morosidad.
El debate enfrentará dos posturas. Por un lado, el oficialismo impulsa una iniciativa centrada en la educación financiera que busca transparentar el costo financiero total (CFT) de los préstamos. Desde la oposición, en cambio, proponen medidas de intervención más directas, como establecer topes a las tasas de interés y fijar límites en el cobro de las cuotas en proporción al salario de los trabajadores.
Fuente: El Liberal
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